En una decisión de 6-3, la Corte Suprema de EE. UU. resolvió que Dzhokhar Tsarnaev recibió un juicio justo cuando fue sentenciado a muerte en 2015.
La Corte Suprema de los Estados Unidos restableció la sentencia de muerte del atacante convicto del maratón de Boston, Dzhokhar Tsarnaev, por su papel en el ataque de 2013 que mató a tres personas e hirió a más de 260, fallando a favor del gobierno federal.
En una decisión de 6-3, los jueces apoyaron el viernes el desafío del Departamento de Justicia de EE. UU. a un fallo de la corte de apelaciones de 2020 que confirmó la condena de Tsarnaev pero anuló su sentencia de muerte.
La Corte Suprema culpó a la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de EE. UU. con sede en Boston por sus conclusiones tanto de que se violó el derecho de Tsarnaev a un juicio justo en virtud de la Sexta Enmienda de la Constitución de EE. UU. como de que el juez de primera instancia excluyó erróneamente ciertas pruebas sobre un delito separado.
“Dzhokhar Tsarnaev cometió crímenes atroces. No obstante, la Sexta Enmienda le garantizó un juicio justo ante un jurado imparcial. Recibió uno”, escribió el juez conservador Clarence Thomas para la corte.
Los seis jueces conservadores de la corte eran mayoría, con la disidencia de sus tres liberales.
Los abogados de Tsarnaev, que ahora tiene 28 años y tenía 19 en el momento del ataque, han argumentado que Tsarnaev jugó un papel secundario en el atentado del maratón frente a su hermano Tamerlan, a quien llamaron “una figura de autoridad” con “creencias extremistas islámicas violentas”.
Los miembros del jurado condenaron a Dzhokhar Tsarnaev en 2015 por los 30 cargos que enfrentó y determinaron que merecía la ejecución por una bomba que colocó y que mató a Martin Richard, de 8 años, y a la estudiante china de intercambio Lingzi Lu, de 23.
La gerente del restaurante, Krystle Campbell, de 29 años, fue asesinada por la segunda bomba.
Ningún recluso federal fue ejecutado durante 17 años antes de que Trump supervisara 13 ejecuciones en los últimos seis meses de su mandato. El fiscal general de Biden, Merrick Garland, impuso en julio pasado una moratoria a las ejecuciones federales mientras el Departamento de Justicia revisa la pena de muerte.