Un grupo de ocho estados, encabezados por Texas, desafió en una corte un programa del gobierno de Joe Biden implementado en marzo del año pasado que permite a inmigrantes que viven legalmente en Estados Unidos pedir a sus hijos en calidad de refugiados procedentes de El Salvador, Guatemala y Honduras.
La demanda es la novena en su tipo derivada de la crisis en la frontera y la vigésima acción legal desde el día en que Biden tomo el control de la Casa Blanca el 20 de enero de 2021, dijo el procurador general de Texas, Ken Paxton, en un comunicado.
Los demandantes, todos republicanos, alegan que el Programa de Refugiados y Libertad Condicional para Menores Centroamericanos (Central American Minors o CAM en inglés), proporciona a ciertos extranjeros en Estados Unidos “la capacidad de obtener un estatus de protección después de ingresar ilegalmente al país”.
“Luego, los extranjeros pueden solicitar al gobierno que traiga a miembros de la familia extendida de Honduras, El Salvador o Guatemala. No hay autoridad en la ley federal para este tipo de programa”, dice el comunicado.
Además de Texas, la demanda fue presentada por los procuradores generales de Arkansas, Alaska, Florida, Indiana, Missouri, Montana y Oklahoma.
Los estados demandantes han presionado a Biden desde que arrancó su mandato para impedir la eliminación de la mayor parte de las medidas implementadas durante el gobierno de Donald Trump en el marco de la política de ‘tolerancia cero’.
En sus cuatro años de gobierno Trump, en uso del poder Ejecutivo, emitió más de 400 órdenes ejecutivas y memorandos que cambiaron la política migratoria y afectaron seriamente el debido proceso migratorio.
La lista de modificaciones incluyó, entre otros, severas restricciones a la política de asilo (un recurso legal disponible autorizado por el Congreso), la implementación de un agresivo programa de separaciones forzadas en la frontera con México, un aumento en las redadas, la aceleración de deportaciones, el incremento del número de detenciones de indocumentados, y el haber decretado que la presencia indocumentada era una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos.
Desde que llegó a la Casa Blanca hace poco más de un año, Biden ha revertido la mayoría de las políticas de su antecesor, pero una de ellas, el Programa de Protección de Migrantes (MPP), una de las más controversiales, fue desafiada en las cortes por los republicanos y restablecida en diciembre
Efe/Opinion